Fósforo obligado para la memoria

Categoría: Noticias

fosforoLa Junta de Andalucía dio ayer un nuevo paso en su política de defensa de la memoria histórica con la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno, de la ley general que regula la materia, un pormenorizado andamiaje normativo que amplía las competencias de la administración autonómica en la asistencia a las víctimas y castiga duramente a los ayuntamientos que decidan seguir mirando para otro lado en la aplicación de medidas ya recogidas por el proyecto de Zapatero, como es el caso de la retirada de los símbolos y nombres de calles con connotaciones positivas hacia el franquismo.

En el articulado autonómico, que se inspira en la petición de los familiares de los represaliados y las recomendaciones del informador de las Naciones Unidas, el Gobierno andaluz se dota de nuevos instrumentos para perseguir la desidia del resto de instituciones, a las que amenaza con negar cualquier tipo de ayuda pública si no se retractan y cumplen con sus obligaciones en un plazo no prorrogable de 18 meses.

La ley de Memoria Histórica de la Junta extiende a todos los efectos la condición de víctima, que podrá ser solicitada ahora también por familiares de niños robados, homosexuales, presos del nazismo y mujeres vejadas, así como por represaliados generales del periodo comprendido entre 1931 y 1982 –la norma promovida por Zapatero se detenía en la frontera con la Transición–. Además, extrema la cautela en torno a los lugares de especial preservación para el esclarecimiento de los crímenes, que a partir de ahora requerirán del informe positivo de la administración para la autorización de cualquier obra aledaña. En Málaga, el cementerio de San Rafael, la playa del Peñón del Cuervo y la antigua prisión provincial poseen en este sentido el máximo grado de protección.

El texto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno pone el acento en la localización y exhumación de las fosas comunes vinculadas a la represión. Con la nueva norma, la Junta se arroga la potestad de decretar el uso temporal de las parcelas privadas donde se documente la existencia de restos. También se faculta a la administración para crear un banco de ADN y personarse en los juicios relacionados con el periodo, que quedan amparados, pese a los últimos recortes, en la noción todavía no prescriptiva de la justicia universal. La Junta contará asimismo con dos organismos encargados de velar por el funcionamiento de la ley, el Consejo Andaluz de la Memoria Democrática, de carácter consultivo, y el Instituto Andaluz de Memoria Democrática, ligado estrictamente a su cumplimiento.

Otra de las novedades que introduce la normativa es la presencia de la represión en los planes educativos, tanto en lo que respecta a los niveles básicos, donde la Junta se guarda la posibilidad de chequear la información de los manuales para garantizar que se ajusten a la realidad de los hechos y a la superación democrática del fanatismo, como a la Universidad, con estudios reglados sobre los hitos revelados en los últimos años.

Uno de los apartados más llamativos del articulado es el que tiene que ver con las sanciones, que van de 200 a 150.000 euros, en función del tipo de infracción que se detecte. Las multas, que podrán ser interpuestas contra personas física, instituciones y colectivos, reservan el castigo más alto hacia conductas como la alteración o destrucción de zonas susceptibles de cobijar cuerpos o previamente catalogados como lugares de protección de la memoria. Entre las conductas castigadas, figura también no informar de la posible existencia de fosas comunes y, por supuesto, permitir la continuidad de elementos y símbolos fascistas en el espacio urbano. En este último caso, además de la pena económica, la norma autoriza a la Junta a actuar subsidiariamente en los municipios donde se perciba inhibición por parte de los ayuntamientos.

Con un total de 82 fosas y 6.500 víctimas documentadas, Málaga se ha convertido en uno de los epicentros nacionales de la recuperación de la memoria. En la última década, anticipándose incluso en algunos casos a la aprobación de la ley de Zapatero, se han llevado a cabo más de una docena de investigaciones en la provincia. Incluida, la de San Rafael, el considerado mayor cadalso del franquismo. En el antiguo cementerio fueron exhumados los restos de 2.840 personas. La actuación, comandada por el arqueólogo Andrés Fernández, el investigador Francisco Espinosa y la asociación de familiares, contó con el apoyo del conjunto de las administraciones. Actualmente, y una vez inaugurado el panteón reclamado por las familias, lo único que resta es el cotejo del estudio de ADN, que ya cuenta con las muestras de la mayoría de los familiares.

A la de San Rafael, se suman trabajos como los de Teba (151 víctimas), Villanueva de Cauche (18), Alfarnatejo (7) o Villanueva del Rosario (11). Entre los trabajos en curso, destacan las fosas comunes de Álora y Ronda, este último temporalmente paralizado por desavenencias entre los familiares de las víctimas y la Junta de Andalucía.

Noticia original La Opinión de Málaga